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Gul Rahman falleció en 2002, mientras permanecía detenido, sin ningún cargo, en una cárcel clandestina de la CIA conocida como “Salt Pit”, al norte de Kabul, en Afganistán. Según informaron medios estadounidenses, fue capturado durante una operación contra Hezb-e-Islami Gulbuddin...

Por Geovani Montalvo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos  anunció, a finales de agosto, que no procesará a nadie que haya participado en la tortura y asesinato de prisioneros en custodia de la CIA, luego de tres años de investigación, debido a “pruebas insuficientes”.

 El Secretario de Justicia, Eric Holder, declaró:

« (No es posible) debido a que las pruebas admisibles no serían las suficientes para conseguir y justificar un procesamiento más allá de la duda razonable».

Con el cierre de la investigación lanzada en 2008, acerca del programa de la CIA para capturas e interrogatorios -en el marco de la campaña gubernamental estadounidense “contra el terror” o “guerra contra el terrorismo” internacional-, 101 casos de detenidos quedarían impunes.

Si bien el Departamento de Justicia nunca confesó públicamente los nombres de los apresados y torturados, se consideran dos casos emblemáticos, el de Gul Rahman y Manadel al-Jamadi, que sufrieron, al igual que el resto, de las técnicas de interrogatorio de la CIA como el «waterboarding» o ahogamiento simulado, reconocido por el Comité Contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas como un acto de tortura.

Gul Rahman falleció en 2002, mientras permanecía detenido, sin ningún cargo, en una cárcel clandestina de la CIA conocida como “Salt Pit”, al norte de Kabul, en Afganistán. Según informaron medios estadounidenses, fue capturado durante una operación contra Hezb-e-Islami Gulbuddin.

Rahman habría sido arrestado el 29 de octubre in Islamabad, torturado y posteriormente asesinado el 20 de noviembre. Una examinación post mortem determinó que lo habían encadenado a una pared de cemento, bajo temperaturas extremadamente frías aproximadas a 36° Fahrenheit (2° Celsius).

Mientras Manadel al-Jamadi murió en 2003, bajo resguardo de la CIA, en la amargamente popular prisión iraquí de Abu Ghraib, denominada tras la invasión estadounidense como "Camp Redention".

Medios estadounidenses, próximos al Gobierno norteamericano, informaron que Al-Jamadi habría sido “sospechoso” de un ataque con bomba que mató a doce personas en un centro de la Cruz Roja, en Baghdad.

Tras su tortura y asesinato, se publicaron fotografías de su cadáver sangrando por la cabeza, nariz y boca; lleno de hielo y envuelto en plástico. Según la U.S. Navy SEALs, fue apresado el 27 de octubre y asesinado el 4 de noviembre. Una autopsia  militar determinó que se trató de un homicidio.

Tanto Gul Rahman como Manadel al-Jamadi nunca tuvieron un proceso judicial que les garantizara sus derechos humanos, ni fueron acusados formalmente por ningún tribunal bajo cargos específicos, más allá de “sospechas” de terrorismo, por su procedencia y confesión religiosa.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y varios gobiernos luchan por desmantelar y clausurar estas cárceles secretas y bases militares estadounidenses instaladas en todo el mundo, por las comprobadas violaciones y torturas que reciben los prisioneros.

En enero del corriente, el gobierno de Afganistán divulgó un informe sobre torturas y vejaciones en la prisión de Bagram, cerca de Kabul, dirigida por tropas estadounidenses desde la invasión de 2001.  Dos días antes, el presidente Hamid Karzai había exigido a EE.UU. que le cediera a Afganistán el pleno control de la cárcel de Bagram.

Gul Rahman Qazi, presidente de la Comisión de Control de la Constitución, que fue a Bagram a petición del presidente Karzai, denunció que «durante nuestra visita a la cárcel, algunos presos se han quejado de haber sufrido torturas» y remarcó que «la existencia de cárceles dirigidas por extranjeros en Afganistán está absolutamente prohibida por nuestra Constitución».

Dick Marty, en su cargo de relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre los vuelos de la CIA, acerca de las cárceles secretas estadounidenses en Polonia y Rumania manifestó:

«Lo que anteriormente eran una serie de alegaciones está ahora probado: grandes cantidades de personas han sido secuestradas de varios lugares de todo el mundo y trasladadas a países donde han sido perseguidas, y donde se sabe que la tortura es una práctica común (…) Otros han sido detenidos arbitrariamente, sin ningún cargo preciso en su contra y sin supervisión judicial, denegándoles la posibilidad de defenderse».

John Kiriakou, oficial de CIA citado por el mexicano periódico La Jornada, dijo con respecto al empleo de la técnica de tortura waterboarding” a Abu Zubaydah:

«No es algo que se hace nada más así. Es una decisión política tomada en la Casa Blanca con la concurrencia del Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia».

Susan Crawford,  jueza del Pentágono encargada de supervisar el trato a los prisioneros en la base estadounidense de Guantánamo, reconoció que:

«Nosotros (EE.UU.) torturamos a (Mohamed al) Qahtani. Su trato coincide con la definición legal de tortura (…) Durante los interrogatorios se usaron  técnicas que incluían aislamientos prolongados, privación del sueño, desnudez y largas exposiciones al frío, dejando al preso en condiciones peligrosas para la vida».

En contraste, Charles Stimson, subsecretario asistente de Defensa de Estados Unidos en 2007, afirmó a un medio británico en referencia a la base militar de Guantánamo, adonde Estados Unidos trasladó, de cárceles secretas, a decenas de “acusados de terrorismo” provenientes principalmente de Iraq y Afganistán:

«Honramos nuestras obligaciones legales internacionales completamente. Y ciertamente no hemos violado ninguno de los derechos de los detenidos o sus derechos humanos».

Carlos Ábrego, analista político salvadoreño, comentó a ésta revista:

«Todo eso (torturas) lo hicieron ante todo el mundo, la base de Guantánamo sigue abierta, hay aún prisioneros detenidos sin ningún derecho, en violación de todas las leyes internacionales. Y ahora los imperialistas hablan de llevar la libertad a Siria de la misma manera en que la llevaron a Iraq, país mártir, que destruyeron totalmente. Se preparan ahora a convencernos a todos que es necesario invadir y destruir al país vecino, Irán».

Y continúa: «Este es nuestro principal aliado (de El Salvador). Este país es el que nos ponen de ejemplo de democracia. Son ellos los que se permiten abrir escuelas para hacer cumplir las leyes, pero en realidad la ILEA (International Law Enforcement Academies, con sede en nuestro país) es un centro de adoctrinamiento a los conceptos de la Seguridad Nacional».

En 2008, la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) denunció, en declaraciones registradas por el periódico Granma, que los abusos a prisiones en Iraq y Afganistán fueron resultado de políticas autorizadas al más alto nivel militar y civil, y que los abusos han sido sistemáticos y generalizados, no así la responsabilidad.

«Me arrestaron en el medio de la calle. Sin ninguna condición, simplemente porque soy musulmán. Me ubicaron en una prisión de la provincia de Kandahar. En ese lugar estábamos como 2.500 presos», confiesa Asif Iqbal en un diálogo con Granma, joven británico de origen paquistaní, prisionero durante más de dos años en la base de Guantánamo.

Y agregó: «… El Gobierno de Estados Unidos se pasa el tiempo buscando a terroristas donde no los hay; para ellos todos somos terroristas…».
 
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