 |
Por Geovani Montalvo
El Departamento de Justicia de Estados
Unidos anunció, a finales de agosto, que
no procesará a nadie que haya participado en la tortura y asesinato de prisioneros
en custodia de la CIA, luego de tres años de investigación, debido a “pruebas
insuficientes”.
El
Secretario de Justicia, Eric Holder, declaró:
« (No es posible) debido a que las pruebas admisibles no serían las suficientes
para conseguir y justificar un procesamiento más allá de la duda razonable».
Con el cierre de la investigación lanzada
en 2008, acerca del programa de la CIA para capturas e interrogatorios -en el
marco de la campaña gubernamental estadounidense “contra el terror” o “guerra
contra el terrorismo” internacional-, 101 casos de detenidos quedarían impunes.
Si bien el Departamento de Justicia nunca
confesó públicamente los nombres de los apresados y torturados, se consideran
dos casos emblemáticos, el de Gul Rahman y Manadel al-Jamadi, que sufrieron, al
igual que el resto, de las técnicas de interrogatorio de la CIA como el «waterboarding»
o ahogamiento simulado, reconocido por el Comité Contra la Tortura (CAT) de Naciones
Unidas como un acto de tortura.
Gul Rahman falleció en 2002, mientras
permanecía detenido, sin ningún cargo, en una cárcel clandestina de la CIA
conocida como “Salt Pit”, al norte de Kabul, en Afganistán. Según informaron
medios estadounidenses, fue capturado durante una operación contra Hezb-e-Islami
Gulbuddin.
Rahman habría sido arrestado el 29 de
octubre in Islamabad, torturado y posteriormente asesinado el 20 de noviembre. Una
examinación post mortem determinó que lo habían encadenado a una pared de
cemento, bajo temperaturas extremadamente frías aproximadas a 36° Fahrenheit
(2° Celsius).
Mientras Manadel al-Jamadi murió en 2003, bajo
resguardo de la CIA, en la amargamente popular prisión iraquí de Abu Ghraib,
denominada tras la invasión estadounidense como "Camp Redention".
Medios estadounidenses, próximos al
Gobierno norteamericano, informaron que Al-Jamadi habría sido “sospechoso” de
un ataque con bomba que mató a doce personas en un centro de la Cruz Roja, en
Baghdad.
Tras su tortura y asesinato, se publicaron
fotografías de su cadáver sangrando por la cabeza, nariz y boca; lleno de hielo
y envuelto en plástico. Según la U.S. Navy SEALs, fue apresado el 27 de octubre
y asesinado el 4 de noviembre. Una autopsia
militar determinó que se trató de un homicidio.
Tanto Gul Rahman como Manadel al-Jamadi
nunca tuvieron un proceso judicial que les garantizara sus derechos humanos, ni
fueron acusados formalmente por ningún tribunal bajo cargos específicos, más
allá de “sospechas” de terrorismo, por su procedencia y confesión religiosa.
Organizaciones internacionales de derechos
humanos y varios gobiernos luchan por desmantelar y clausurar estas cárceles secretas
y bases militares estadounidenses instaladas en todo el mundo, por las
comprobadas violaciones y torturas que reciben los prisioneros.
En enero del corriente, el gobierno de
Afganistán divulgó un informe sobre torturas y vejaciones en la prisión de
Bagram, cerca de Kabul, dirigida por tropas estadounidenses desde la invasión
de 2001. Dos días antes, el presidente
Hamid Karzai había exigido a EE.UU. que le cediera a Afganistán el pleno
control de la cárcel de Bagram.
Gul Rahman Qazi, presidente de la Comisión
de Control de la Constitución, que fue a Bagram a petición del presidente
Karzai, denunció que «durante nuestra
visita a la cárcel, algunos presos se han quejado de haber sufrido torturas» y remarcó que «la existencia de cárceles dirigidas
por extranjeros en Afganistán está absolutamente prohibida por nuestra
Constitución».
Dick Marty, en su cargo de relator de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre los vuelos de la CIA, acerca
de las cárceles secretas estadounidenses en Polonia y Rumania manifestó:
«Lo que anteriormente eran una serie de alegaciones está ahora
probado: grandes cantidades de personas han sido secuestradas de varios lugares
de todo el mundo y trasladadas a países donde han sido perseguidas, y donde se
sabe que la tortura es una práctica común (…) Otros han sido detenidos
arbitrariamente, sin ningún cargo preciso en su contra y sin supervisión
judicial, denegándoles la posibilidad de defenderse».
John Kiriakou, oficial de CIA citado por el
mexicano periódico La Jornada, dijo con respecto al empleo de la técnica de
tortura “waterboarding” a Abu Zubaydah:
«No es algo que
se hace nada más así. Es una decisión política tomada en la Casa Blanca con la
concurrencia del Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia».
Susan Crawford, jueza del Pentágono encargada de supervisar
el trato a los prisioneros en la base estadounidense de Guantánamo, reconoció
que:
«Nosotros (EE.UU.)
torturamos a (Mohamed al) Qahtani. Su trato coincide con la definición legal de
tortura (…) Durante los interrogatorios se usaron técnicas que incluían aislamientos
prolongados, privación del sueño, desnudez y largas exposiciones al frío,
dejando al preso en condiciones peligrosas para la vida».
En contraste, Charles Stimson, subsecretario asistente de Defensa de Estados
Unidos en 2007, afirmó a un medio británico en referencia a la base militar de
Guantánamo, adonde Estados Unidos trasladó, de cárceles secretas, a decenas de
“acusados de terrorismo” provenientes principalmente de Iraq y Afganistán:
«Honramos nuestras
obligaciones legales internacionales completamente. Y ciertamente no hemos
violado ninguno de los derechos de los detenidos o sus derechos humanos».
Carlos Ábrego, analista político
salvadoreño, comentó a ésta revista:
«Todo eso (torturas) lo
hicieron ante todo el mundo, la base de Guantánamo sigue abierta, hay aún
prisioneros detenidos sin ningún derecho, en violación de todas las leyes
internacionales. Y ahora los imperialistas hablan de llevar la libertad a Siria
de la misma manera en que la llevaron a Iraq, país mártir, que destruyeron
totalmente. Se preparan ahora a convencernos a todos que es necesario invadir y
destruir al país vecino, Irán».
Y continúa: «Este es nuestro principal aliado (de El Salvador). Este país es el
que nos ponen de ejemplo de democracia. Son ellos los que se permiten abrir
escuelas para hacer cumplir las leyes, pero en realidad la ILEA (International
Law Enforcement Academies, con sede en nuestro país) es un centro de adoctrinamiento
a los conceptos de la Seguridad Nacional».
En 2008, la Unión de Libertades Civiles de
EE.UU. (ACLU) denunció, en declaraciones registradas por el periódico Granma,
que los abusos a prisiones en Iraq y Afganistán fueron resultado de políticas autorizadas
al más alto nivel militar y civil, y que los abusos han sido sistemáticos y
generalizados, no así la responsabilidad.
«Me arrestaron en el medio de la calle. Sin
ninguna condición, simplemente porque soy musulmán. Me ubicaron en una prisión
de la provincia de Kandahar. En ese lugar estábamos como 2.500 presos»,
confiesa Asif Iqbal en un diálogo con Granma, joven británico de origen
paquistaní, prisionero durante más de dos años en la base de Guantánamo.
